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Investigarán juzgados civiles de Santiago por posibles irregularidades en nombramientos de árbitros

Investigarán juzgados civiles de Santiago por posibles irregularidades en nombramientos de árbitros

La Corte de Apelaciones ordenó investigar los 31 juzgados civiles de Santiago, por presuntas irregularidades en la nominación de árbitros.

Luego del reportaje de Radio Bío Bío sobre presuntas irregularidades en designaciones de jueces árbitros, el ministro instructor Carlos Gajardo confirmó que se indagará a los 31 juzgados civiles de la Región Metropolitana.

La solicitud para abrir una investigación la presentó el Colegio de Abogados, a petición de dos de sus asociados que denunciaron el nombramiento de una misma profesional en 19 causas.

Las sospechas apuntan al actuar de las juezas María Gutiérrez Bermedo y Patricia Castro Pardo, titulares de los juzgados duodécimo y vigésimo primero de Santiago, respectivamente.

Ambas habrían nombrado en forma reiterada a la abogada Gladys Apara Riadi como árbitro en distintas causas.

La denuncia ante la Corte Suprema la interpuso el pasado 14 de mayo, el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, por solicitud de dos de sus asociados, los juristas José Joaquín y Fernando Ugarte.

Las irregularidades se habrían registrado en un proceso por herencia de la jueza Gutiérrez, luego que un pariente cercano fuera declarado interdicto.

A cargo de la causa quedó la jueza Castro, quien designó como juez árbitro a la abogada Gladys Apara Riadi.

El ministro a cargo de la investigación ordenada por el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, precisó que se revisarán las designaciones de jueces árbitros desde 2016 a la fecha, no sólo en ambos juzgados civiles, sino que en los 30 tribunales de la capital, más el de Colina.

Palacio de Tribunales de Justicia | Sebastian Beltran | Agencia UNO
Palacio de Tribunales de Justicia | Sebastian Beltran | Agencia UNO

“No me atrevo a hacer ningún calificativo, solamente es llamativo, y precisamente queremos constatar la efectividad de tal hecho y hacer las indagaciones pertinentes, pedir explicaciones a los jueces y más que eso, luego el pleno tendrá que resolver”, señaló.

“Es solamente constatar datos y luego determinar cuál es el camino que vamos a seguir, pero en este momento solo queremos el dato estadístico, qué árbitros han nombrado en el curso de estos tres años”, enfatizó.

Además, la Fiscalía Centro Norte indaga una querella que se interpuso contra la jueza Patricia Castro por el delito de prevaricación.

El abogado que la interpuso, Marcelo Castillo, explicó que la acción legal apunta a que la magistrado dictó sentencias contradictorias en el marco de dos causas civiles, en donde, según él, falló “contra ley expresa” contra su cliente, Agrícola Ariztía.

“Los hechos que motivaron la querella nos parecen extremadamente grave, por cuanto se falló contra ley expresa y vigente en una causa civil”, sostuvo.

“Se interpusieron dos acciones, las cuales fueron acogidas por parte del tribunal en base a hechos contradictorios, lo cual evidentemente se pierda la fe en la justicia, en la aplicación de la ley y en el estado de derecho. Por lo tanto nos parece estupendo que la Corte de Apelaciones inicie una investigación”, sentenció.

De ser sancionada penalmente, la jueza Castro arriesga la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de presidio o reclusión menores en cualesquiera de sus grados, es decir desde los 60 días hasta los cinco años, según detalló Castillo.

Apuntar que la investigación del ministro instructor a los 31 juzgados civiles de Santiago No tiene plazo definido, sin embargo el magistrado manifestó que se trabajará con celeridad.

Destacar además que la decisión del tribunal de alzada tiene un antecedente, que involucra al abogado Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama.

Tal como lo reveló Radio Bío Bío en junio de 2018, Valderrama Escobar fue designado árbitro en un litigio relativo a la partición de un terreno de San Bernardo avaluado en 2.000 millones de pesos. Tan irregular fue su actuar que el Pleno de la Corte de Santiago lo sancionó con una censura por escrito y determinó volver el caso a fojas cero y se efectuara un nuevo remate.