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Querellantes piden perpetua por asesinato de Aylin Fuentes en Talca

Querellantes piden perpetua por asesinato de Aylin Fuentes en Talca

Un nuevo y decisivo paso se dio en la fase acusatoria del proceso penal que avanza en el Juzgado de Garantía de Talca, en contra de los ocho imputados por el homicidio calificado dela joven Aylin Fuentes ocurrido en la noche del 26 de diciembre del 2018.

Se trata de la acusación particular que presentó la única parte querellante, esto es, los abogados Mauricio González y Bernardita Lara en representación de la familia de la víctima. Dicho documento fue ingresado y validado por el tribunal, en el plazo que fija la ley y que es previo a la preparación del futuro juicio oral.

De hecho, la audiencia destinada para estos fines y que está programada para el 20 de agosto próximo, constituye el próximo hito previo al juicio. Allí tanto la fiscalía, la parte querellante y las defensas, con abogados particulares y de la Defensoría Penal Pública, deberán validar sus pruebas testimoniales, documentales y periciales.

“Perros” o “sicarios”

Un dato clave es que, solo en ese momento, se conocerá la teoría de defensa de los abogados que representan a los imputados, en caso que así lo manifiesten, porque también se pueden resguardar y dejar sus alegatos para la apertura del juicio oral. Por el momento, la acusación particular es un paso decisivo en la tramitación judicial.

Allí los querellantes, en un documento de 24 páginas, repasan una a una las circunstancias que rodearon el crimen de Aylin. Esto es, que el día de Navidad del 2018, la joven y una amiga recibieron una pequeña cantidad de droga de manos de Fabián Andrés Jofré Hormazábal, alias el “Tuerto Fabián”, con el compromiso de pagar 60 mil pesos.

Sin embargo, esto no ocurrió, motivando que ese mismo imputado enviara a sus “perros” o “sicarios” para cobrar venganza, ordenando derechamente la muerte de Aylin. Se trata de los menores apodados “El Zafrada”, “El Churri”, “El Jefferson” y “La Jana”, todos liderados por Segundo Manuel Rosales Quezada, alias “El Chundo”.

Desnuda y estrangulada

Según la acusación, el grupo salió a buscar a Aylin en la víspera de Noche Buena, hasta que la encontraron en la Población San Miguel del Piduco. Desde allí la trasladaron al sector de los quinchos del río Claro, donde se sumó el propio “Tuerto Fabián”. Dicho sujeto le entregó un arma de fuego a Segundo Rosales y le ofreció dinero por cumplir la venganza.

Lo mismo hizo con los menores “El Zafrada” y “El Jefferson”. El grupo, a las 03:00 horas del día siguiente, caminó por la Circunvalación Norte hasta las cercanías del Estero Piduco, esto es, un lugar aislado que los asesinos habían elegido previamente. Allí se desataron las agresiones, golpizas y amenazas de muerte contra Aylin y su amiga.

Mientras los asesinos se ensañaron con Aylin, la testigo logró escapar. Ello dio lugar a la tragedia, cuando golpearon a la joven en la cabeza con el arma de fuego, luego la desnudan parcialmente y todo culmina cuando el “Tuerto Fabián” la estranguló con sus manos. El grupo lanza el cuerpo al río y recibieron el dinero en compensación.

Perpetuos calificado y simple

Al igual que la fiscalía, la parte querellante coincidió en que el asesinato de Aylin es un homicidio calificado, con las circunstancias de alevosía, premio o promesa remuneratoria, ensañamiento y premeditación. A Fabián Jofré Hormazábal, se le acusó como autor material e inductor del crimen, ambas figuras penales al mismo tiempo.

Por su parte, a los cuatro menores de edad y a Segundo Rosales, se les acusó como autores materiales del crimen. Y a los últimos dos coimputados, Italo Molina y María José Campos, se les acusa como encubridores del “Tuerto Fabián”, por cuanto habrían colaborado para que se fugara de la PDI en una persecución policial.

En la parte conclusiva, la acusación particular exige presidio perpetuo calificado para Fabián Jofré; presidio perpetuo simple para Segundo Rosales y 10 años de internación en centro cerrado para los cuatro menores de edad. Para los encubridores, la parte querellante exigió diez años para Italo Molina y cinco años para María José Campos.